Un documento para reflexionar.
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Con la implantación del modelo neoliberal desde finales de los años setenta en delante se produce un reforzamiento de la estrategia de privatización de los resultados de la investigación o, mejor dicho, de la investigación pública en general. Uno de los mecanismos importantes de esa privatización es la nueva regulación de los derechos de propiedad intelectual en general y de las patentes en particular como mecanismo legal para permitir el monopolio de la explotación privada de un determinado resultado o derecho a decidir sobre su licenciamiento a terceros y en que condiciones. La implantación de patentes en este terreno supone un cambio radical respecto al tradicional “copyright” que protege el derecho moral del autor como descubridor o creador de ese resultado y, en su caso, le da derecho a percibir un canon de su editor por su difusión. El copyright no impide el uso y la difusión; en la científica tan sólo obligación a ser reconocido y citado como autor del resultado. La patente rompe con esa tradición orientada a la difusión, la publicidad y al libre uso de los resultados. El punto de inflexión se produce con la aprobación de la Bayh-Dole Act por el Congreso de Estados Unidos en 1980 [1] (Coriat & Orsi, 2002; Sampat, Mowery & Ziedonis, 2003).
Con todo, ese no es el único ni el primer medio de privatización de los resultados de la investigación pública.
Desde un cierto tiempo atrás existen relaciones contractuales entre las instituciones públicas de investigación que conceden los derechos de explotación en exclusiva de los resultados a determinadas empresas, permitiendo a estas realizar la patente de los mismos o simplemente haciendo uso efectivo de ellos. En otros casos adopta formas de apropiación más fraudulentas cuando, por ejemplo, una empresa toma un resultado hecho público por un investigador para, sin ningún tipo de contrato, realizar una patente que luego le dará a esa empresa derecho de explotación en exclusiva del resultado en cuestión. Otra vía diferente es la creación de una empresa privada para explotar comercialmente un resultado de la investigación. Esta es una de las vías ya antiguas pero que se está convirtiendo en los últimos años en uno de los instrumentos privilegiados por muchas políticas animadas por la cultura del emprendedorismo.
En general, es preciso reconocer que la relevancia de este debate fue ganando protagonismo creciente en las últimas décadas por muchos motivos pero, sobre todo, por el rol crucial de la investigación en una economía basada en el conocimiento, en particular por la importancia económica y estratégica creciente de las ramas productivas basadas en la ciencia. Y, paralelamente a eso, la emergencia del paradigma neoliberal que trata de ampliar el campo de las relaciones comerciales y de negocio a actividades que en el pasado tenían un carácter público orientó en una dirección muy particular y sesgada la forma de conectar la investigación pública con la empresa y el mercado. La mercantilización, la privatización y el emprendedorismo son las piezas claves de un proyecto económico-social que pretende someter todas las actividades humanas a las reglas del libre mercado. Lo que ocurre es que justo la investigación y el conocimiento son realidades con unas características intrínsecas (bien público, carácter social e interactivo) que resultan muy difíciles de someter al estrecho molde del mercado, si no es a riesgo de limitar enormemente sus potencialidades.
A modo de conclusión
Por lo tanto las cuestiones que se plantean y que deberían dar lugar a un profundo debate en la sociedad y en la comunidad científica pueden enunciarse de modo claro y directo:
¿Deben las Universidades y OPI vender su producción científica?
¿Deben patentar o publicar?
¿Deben financiarse con recursos públicos o deben orientarse a captar financiación privada?
¿Sí?, ¿No?, ¿en qué proporcione?, ¿en qué condiciones?
¿Cuales serian las consecuencias de la generalización del modelo privado de mercado?
¿Cuales serian las consecuencias en las relaciones internacionales (TRIP)?
Lo cierto es que venimos de un período histórico, el siglo XX, en el que toda la sociedad (incluidas las empresas y los demás investigadores) tienen a su libre disposición el conocimiento científico generado: ese es el modelo llamado de la OPEN SCIENCE. Los servicios públicos hacen uso gratuito de una parte de ese conocimiento (sanidad, educación, etc); las empresas también se benefician del aumento del acervo de conocimiento y, además, las empresas también pueden en ciertos casos contratar investigación con OPI’s estableciendo condiciones particulares.
La opción política de privatización de la ciencia hasta las últimas consecuencias pone en riesgo la utilidad social de la ciencia y conlleva la exclusión de una parte de la sociedad. Al tiempo que pone en riesgo el propio progreso científico. Mutatis mutandis, algo semejante podemos decir de las propuestas de privatización de otras formas de conocimiento y de la producción de todo tipo de bienes inmateriales (cultura, patrimonio…) de cara a su comercialización y valorización mercantiles.
Por último, debemos ser conscientes de la contradicción radical del neoliberalismo: la Economía basada en el Conocimiento implica un paso más en la socialización de los recurso básicos (el conocimiento) poco compatible con el lógica de la privatización. La producción de conocimiento (y de la cultura) es un proceso acumulativo en el que cada nuevo resultado se construye sobre la base de otros anteriores y en cuyo desarrollo participan un gran número de personas y grupos ubicados en diferentes instituciones y cuya implementación requiere normalmente su integración con resultados de otros campos, afines o no tan afines. Todo lo que suponga poner barreras y límites al acceso al conocimiento ya generado y la combinación con los resultados de otros contribuirá a ralentizar y encarecer el proceso de investigación y creación.
De : Xavier Vence, USC
Más información.
http://www.jornadauniversidadpublica.org/wp-content/uploads/2009/06/presentacion_xv.pdf
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