martes, 13 de diciembre de 2011

UN ARTÍCULO QUE COMPARTIMOS CON USTEDES : LLEGAR TARDE A LA FIESTA

Acreditación de la Educación Superior en el Perú: Llegar tarde a la fiesta

Peru is one of the last countries in South America to implement a national system of quality assurance for higher education.  Interestingly, this has resulted in a different dynamic within the higher education community than that witnessed elsewhere. There has been little resistance to the new scheme.  Unlike the response in many quarters a decade ago, no one seems to be suggesting that accreditation and external review is an affront to university autonomy.  Rather, the preoccupation is with understanding newly-published standards and how they should be applied.  The cry from the Peruvian higher education community is for more not less— an overwhelming demand for training and support  as institutions begin to work on self-studies, even before these reports are required from them.

Peru’s system of accreditation is somewhat different from other models.  Although accreditation is required for degree programs and for institutions, institutional accreditation has been put aside for the moment while standards for the accreditation of degree programs are developed. Although the law requires accreditation of only 15 university degree programs in the areas of health and medicine, education, and law, nearly all degree programs are expecting to participate, putting additional pressure on the nascent accreditation agency to develop guidelines and standards for the entire higher education system all at once.


As yet there is no immediate benefit to an institution for accrediting a program nor a clear penalty for not doing so.  Although there will be a new fund set up to provide grants for projects to make improvements to an institution or a specific program after the self study and external evaluations are completed, this has not been well publicized yet so it can hardly be considered a strong incentive for engaging in the process. Why then have Peruvians in the higher education community been more receptive to the idea of accreditation than their peers in other countries?  Was it a belief that accreditation was inevitable after observing these systems taking hold elsewhere?  Was it concern for the quality of the rapidly expanding higher education system?  Was it a recognition that in order to be taken seriously on the international stage that this kind of self-regulation and certification was necessary? It is probably all of the above.  But the reasoning behind the initiative and the law was none of the above.  Rather the law supposed that this rapidly developing economy needed more highly trained people with higher level skills for the workforce.  Standards for degree programs are seen as a way to connect job skills needed by the labor market with programs offered by postsecondary institutions. This of course begs the question of whether the purpose of higher education is job training and if the answer is “yes” whether tertiary institutions are actually capable of fine-tuning degree programs towards this objective.


Why Peruvians are showing enthusiasm for engaging in evaluation and accreditation is not clear.  It is most interesting that they are.  What comes of it remains to be seen.

El Perú es uno de los últimos países en Sudamérica en implementar un sistema nacional de aseguramiento de la calidad para la educación superior. Curiosamente, se ha presentado una dinámica diferente entre las comunidades de educación superior de otros países de donde he sido testigo. Ha habido poca resistencia a lo establecido por el nuevo sistema. A diferencias de las respuestas de muchos países hace una década, nadie parece sugerir que la acreditación y la evaluación externa es una afrenta a la autonomía universitaria. Por el contrario, la preocupación es comprender los estándares recién publicados y cómo deben aplicarse. El clamor de la comunidad universitaria peruana es ni más ni menos, una abrumadora demanda de capacitación y apoyo para sus procesos de autoevaluación, incluso antes de que sean requeridos por ellos.

El sistema peruano de acreditación es algo diferente a otros modelos. Aunque la acreditación es necesaria para los programas de pregrado y para la institución, la acreditación institucional se ha dejado de lado por el momento mientras se desarrollan las normas para la acreditación de programas de licenciatura. A pesar que la ley exige la acreditación de sólo 15 programas de licenciatura de las áreas de salud, educación y derecho, casi todos los programas de pregrado están esperando participar, aumentando la presión en la naciente agencia de acreditación en desarrollar directrices y normas para el total del sistema universitario.

Hasta el momento no hay un beneficio inmediato a una institución para la acreditación de un programa ni un claro penalidad por no hacerlo. Aunque habrá un nuevo fondo creado para proporcionar subvenciones a proyectos de mejoras a una institución o un programa específico después de que la autoevaluación y las evaluaciones externas se hayan completado, esto no ha sido bien publicitado todavía, así que difícilmente puede ser considerado como un fuerte incentivo para participar en el proceso.

Lo que no ha sido bien publicitado es que habrá un nuevo fondo establecido para subvencionar proyectos de mejora destinados a la institución o un programa específico, que son generados a partir de los informes de autoevaluación y de evaluaciones externas, por lo que tal información difícilmente puede considerarse un fuerte incentivo para la participación en el proceso. ¿Por qué entonces la comunidad académica peruana de educación superior ha sido más receptiva a la idea de acreditación que sus pares de otros países? ¿Es una creencia de que la acreditación era inevitable después de observar estos sistemas tomando fuerza en otros lugares? ¿Fue la preocupación por la calidad del sistema de educación superior de rápida expansión? ¿Fue el reconocimiento de la necesidad de que este tipo de autorregulación y certificación exista en el escenario internacional? Es probable que todas las anteriores. Pero el razonamiento detrás de la iniciativa y la ley no fue ninguna de las anteriores. Más bien la ley supone que este rápido desarrollo de la economía necesita de gente, que integre la fuerza de trabajo, más altamente capacitada y con habilidades a nivel superior. Las normas para los programas de licenciatura son vistas como una forma de hacer corresponder las habilidades requeridas por el mercado laboral con lo ofrecido por los programas de estudios post-secundarios. Por supuesto, esto plantea la pregunta si el propósito de la educación superior es la capacitación laboral y si la respuesta es “si”, si las instituciones son realmente capaces de adaptar sus programas para lograr este objetivo.

Del porqué los peruanos muestran tal entusiasmo por participar en los procesos de autoevaluación y acreditación no está claro. Es algo muy interesante. Lo que viene de ello todavía está por verse.